Pronto comenzarán a celebrarse los juicios contra la campaña de desobediencia civil que, bajo el lema “Iruñerria piztera goaz!”, se llevó a cabo en 2007 por parte de la juventud organizada y participativa de la comarca de Iruñea. Exigían espacios propios en los que llevar a cabo sus proyectos de forma autónoma, espacios abiertos a la ciudadanía y a la participación, en los que poder compartir experiencias y encuentros, en los que poder trabajar de forma colectiva y austera, al margen de los que les son ofertados, cada día más marcadamente individualistas y más dentro del consumismo imperante.

La petición de 58 años de prisión y más de 60000 € de sanción para un total de 85 personas imputadas suponen un castigo desorbitado, pero si tenemos en cuenta la edad de estas personas, muy en la encrucijada de construcción de sus proyectos de vida, estas penas solicitadas adquieren un carácter más devastador. La mera dilación que han tenido que soportar, el estar casi dos años a la espera y en la incertidumbre de un veredicto que puede dar al traste con sus proyectos, ya supone en sí un castigo.

Desde el sindicalismo nos hacemos eco de la situación de este colectivo porque consideramos que nuestra lucha en el mundo del trabajo y la suya en lo social forman parte de una misma lucha contra la precariedad, contra la precariedad laboral y la precarización de la vida: vivienda, ocio, consumo y relaciones. Así como desde nuestras organizaciones nos oponemos a una planificación empresarial centrada en el lucro, al que somete nuestro tiempo de trabajo y todo nuestro tiempo vital, el movimiento pro-Okupazión pretende construir alternativas frente al lugar reservado para la juventud desde las esferas del poder económico y político: imposibilidad de acceder a una vivienda, impedimentos para utilizar la calle, actividades esponsorizadas por bancos y empresas, individualismo, consumismo ...

La coincidencia de ese juicio con el estallido de la crisis financiera y de la burbuja inmobiliaria lo convierte todavía en más sarcástico. Por un lado los causantes de ese fraude social, que han ganado durante los años pasados cantidades de dinero escandalosas, sin ajustar su actuación a ningún otro criterio que el del dinero rápido, que han cometido un delito social y ecológico continuado, saltándose en muchas ocasiones una ley ya de por sí muy permisiva para ellos, lejos de pagar prisión o sanción alguna, reciben subvenciones públicas multimillonarias.

Por el contrario, este grupo de jóvenes, que forman parte del sector social condenado a engrosar las listas del paro y a ser víctimas de la situación a la que nos han abocado, se enfrenta a severos castigos por llevar a cabo protestas pacíficas y legítimas. Para los unos se generan espacios de impunidad, se les premia con ayudas, incluso con medallas; para los otros queda la aplicación de la ley con saña.

Los y las trabajadoras de CGT, LAB y STEE-EILAS no queremos resignarnos a la pasividad y la impotencia en la que los mandatarios tratan de instalar a la sociedad. No estamos dispuestos a otorgarles a los unos la impunidad ni a cargar con los costes que su actuación ha generado. Por la misma razón, apoyaremos con nuestra adhesión y presencia las movilizaciones convocadas para los días 28 de diciembre y 8 de enero, exigiendo que cesen ya estas pesadas “inocentadas”.